Los representantes de las asociaciones de fotógrafos profesionales de Andalucía -entre los que se encontraba el presidente de los fotógrafos onubenses- se han reunido hoy con el Defensor del Pueblo Andaluz para solicitar su ayuda ante la imposición de forma arbitraria, por parte de la DGT, de la realización de las fotografías para el permiso de conducir por parte de los centros de reconocimiento médico. La captura de esta fotografía se realizará mediante una web-cam, sistema éste que los fotógrafos estiman de escasa o nula calidad para la correcta captación de la imagen del ciudadano, ya que este tipo de hardware informático no reúne con los requisitos mínimos de calidad exigibles.
Según los representantes de los fotógrafos, la citada normativa excluye unilateralmente a todo un colectivo, como es el de los fotógrafos profesionales, al imponer que la toma de la fotografía se realice dentro de los centros de reconocimiento médicos, causando con ello, primero, una falta grave a la ley de la competencia, ya que se elimina la libertad del ciudadano a que su imagen personal sea captada por el profesional que estimen oportuno, y segundo, esta medida generará sin duda un gran perjuicio económico a todo un colectivo que han venido realizando este servicio tradicionalmente, cumpliendo todas las normativas impuestas por parte del Ministerio del Interior y la DGT.
Los fotógrafos entregaron al defensor un dossier informativo donde se especifican varios aspectos de la normativa que no son correctos ni se ajustan al libre comercio, entre los que cabe destacar los siguientes:
• El colectivo duda que estos centros tengan la suficiente competencia técnica para realizar fotos de carnet. La realización de una foto correcta no es la mera acción de apretar un botón de una cámara, intervienen otros factores técnicos en la toma, además, el saber tratar con el cliente para que se sienta de acuerdo con su imagen retratada cumpliendo ésta, al mismo tiempo, con los requisitos marcados por los requerimientos técnicos administrativos pertinentes.
• La administración del Estado no está creada para intervenir, de esta forma, indirectamente en la economía productiva de un país, ya que con esta actuación se da exclusiva a una parte en detrimento de otra y se limita la libertad de elección de los ciudadanos.
• La licencia de actividades de estos centros corresponde a centro de revisiones médicas, por tanto se duda que estén capacitados legalmente para realizar otras actividades ajenas a su propia esencia mercantil, entendiendo por ellas la realización de las fotos, como actividad de servicios fotográficos de la cual estiman que ningún centro esté dado de alta en la misma.
Asimismo se le hizo constar al sr. Chamizo que, con la actual crisis económica que afecta a todos los sectores y de la cual no escapa la fotografía profesional, este tipo de actuaciones por parte del Estado, concretamente de la DGT, lo que se provoca es un empeoramiento, más grave si cabe, de la situación que se padece actualmente, ya que se estima que pudiera suponer una pérdida de entre 500 ó 600 euros mensuales por cada fotógrafo andaluz. El defensor estuvo muy atento y comprensivo en todo momento a la queja presentada por parte de este colectivo, la cual prometió que haría llegar a los estamentos oportunos para intentar conseguir una solución que sea razonable y que permita la subsistencia de un sector que se vería seriamente perjudicado.
